Chihuahua, Chih., 17 de octubre de 2026.– El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue detenido este sábado en la capital del estado, como parte de las investigaciones derivadas de un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara, en el que participaron dos agentes estadounidenses que posteriormente murieron en un accidente vehicular.
Además de la detención de Jáuregui, las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñó como fiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los mandamientos judiciales están relacionados con presuntas irregularidades en la actuación de funcionarios estatales y en la intervención de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio mexicano. Entre los delitos señalados en los reportes sobre el caso se encuentran el ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades, aunque las imputaciones específicas deberán precisarse durante el proceso judicial.
La detención de Jáuregui abre una nueva etapa en un asunto que provocó tensiones entre autoridades estatales y federales, principalmente por las circunstancias en que los agentes estadounidenses participaron en actividades vinculadas con el combate al narcotráfico.
Un caso que comenzó en abril
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 19 de abril de 2026, cuando cuatro personas murieron en un accidente automovilístico en la zona serrana de Chihuahua. Entre las víctimas se encontraban Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación; el agente estatal Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El accidente ocurrió después de un operativo relacionado con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.
La participación de los dos estadounidenses generó cuestionamientos sobre las condiciones en que se incorporaron a las acciones de seguridad y sobre el conocimiento que tenían las autoridades mexicanas de sus actividades. En un primer momento, la Fiscalía estatal señaló que realizaban labores de capacitación vinculadas con el uso de drones.
Sin embargo, el Gobierno federal informó posteriormente que los agentes no contaban con una acreditación formal para desarrollar actividades operativas en México. La revelación derivó en nuevas exigencias de esclarecimiento sobre la coordinación entre autoridades de Chihuahua y personal de agencias estadounidenses.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones para esclarecer tanto las circunstancias del operativo como la intervención de los agentes extranjeros. El caso también puso bajo escrutinio los protocolos de colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
En medio de la controversia, César Jáuregui dejó el cargo de fiscal general del estado en abril. Meses después, la investigación derivó en la orden de aprehensión ejecutada en su contra y en el mandamiento judicial contra Zuany.
Ambos procedimientos deberán avanzar ante las instancias judiciales correspondientes. Hasta que exista una resolución definitiva, los señalamientos contra los exfuncionarios deben considerarse imputaciones y no hechos judicialmente probados.
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